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Desde la vuelta a la democracia, la Concertación ha demostrado una enorme capacidad de supervivencia política. Por la amenaza del retorno al autoritarismo primero, y por el creciente interés en mantener el poder y sus beneficios, después.

Una de las características de la mundialmente inédita convivencia entre socialismo, social cristianismo (o humanismo cristiano) y otras yerbas, ha sido la completa imposibilidad de aprobar proyecto alguno en el que la entera coalición no esté completamente de acuerdo. El miedo a dejar de existir como grupo coordinado y electoral ha sido demasiado grande. Por la amenaza del retorno al autoritarismo primero, y por el creciente interés en mantener el poder y sus beneficios, después.

En lo que esto se ha traducido, es en una relación de proposición-veto entre gobierno y sus aliados en el parlamento. Así es como en los primeros gobiernos, liderados por la DC, fue éste partido el que diseñó los diversos proyectos de ley y era el partido socialista el que ocasionalmente ejercía un poder de veto sobre ellos. Así sucedió, por ejemplo, con procesos de privatización. Proyectos de ley que no fueran del agrado del partido gobernante eran entrampados en el congreso sin lograr avance alguno, como el divorcio.

Hoy ya con el segundo gobierno de un socialista, podemos ver la misma dinámica en funcionamiento. El gobierno o su partido plantean los proyectos de ley, mientras sus aliados de la DC ocasionalmente vetan algunos. Así pudimos verlo con el caído proyecto de la eutanasia las últimas semanas. Ante la sola puesta en pauta parlamentaria del tema, el aliado social (o humanista) cristiano amenazó con disolver la alianza.

Si bien la gran suma ideológica inserta en la Concertación entrega un enorme crisol de pensamiento y posibilidades de desarrollo para el país, la metodología descrita anteriormente cercena este potencial, transformando a la coalición desde la suma de las posibilidades hacia el simple traslape de las mismas. Es decir que lo que la Concertación puede ofrecer a nivel de reformas o políticas públicas no corresponde a la totalidad de las visiones existentes en los partidos, sino a las reformas o políticas con las cuales todos sus miembros están absolutamente de acuerdo.

Luego de 16 años de gobiernos concertacionistas, ya es cada vez más evidente que este sistema impide la disminución del desfase entre las necesidades de la población y lo que siquiera puede ofrecer la actual clase política.

La inexistencia de una agenda valórica, siquiera en el horizonte, nos comienza a hablar que mientras la Concertación exista, hay algunos temas que sencillamente no se tocarán. ¿Existen Opciones?